La pandemia ha afectado de una manera muy dura en la participación de los ciudadanos en la vida cultural, esto supone una gran afectación a los derechos de participación. «Toda persona tiene derecha a participar libremente de la vida cultural de la comunidad» se dice en la Declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas de 1948. También lo corroboraban y lo ampliaban la Agenda 21 de la Cultura de 2004 y la Declaración de Friburgo presentada por el Observatorio de la Diversidad y los Derechos Cultural y la UNESCO. Este debate por tanto no es nuevo y es ciertamente preocupante.
Antes de la pandemia ya se percibía a través de los datos y participando sobre el terreno en las actividades culturales que un cierto sector de la población no participaba de la vida cultural. El público potencial de la cultura se iba reduciendo y el público participante se percibía (y se percibe) como un segmento reducido con unas condiciones socioeconómicas más favorables y seguramente más militante y participativo. Esto explica cómo los datos y estadísticas de consumo y participación siempre se presentaban (se presentan y presentarán) como buenas, a pesar de que sabemos que un amplio espectro de nuestra ciudadanía no participa de la actividad de nuestros centros, instituciones y empresas
La crisis de la Covid-19 han ensanchado el problema y ha impactado aún más el derecho a la participación de las personas con menos recursos. Hay situaciones de todo tipo y condicionantes muy diversos: de edad, socioeconómicos, de género, sociales, raciales y económicos. Esto no se puede desligar de las desigualdades en un ámbito amplio, pero también es cierto que algunos condicionantes dependen directamente de las políticas culturales y es necesario que el sector les aborde rápidamente.
Soluciones urgentes
El sector cultural ha intentado aportar algunas soluciones, una de ellas es el manifiesto «Gente que trabaja en cultura, por una renta básica universal e incondicional» una propuesta que los impulsores definieron como la mejor política cultural posible, porque a través de ella se redistribuía la riqueza, se garantizaba la cobertura de las necesidades básicas a muchas personas y por lo tanto daba tiempo y condiciones para la participación en actividades y en la creación artística.
Esta demanda interesante no depende directamente del sector como sí lo hace la recuperación del espacio físico presencial como un espacio de interacción social. Hay que fomentar que el ciudadano participe de las actividades culturales, de los equipamientos y de las manifestaciones de cultura popular como espacios de diálogo entre personas de diferentes condiciones. En este sentido es preocupante la no celebración de fiestas mayores y actividades populares un foco importante de cohesión de los habitantes de pueblos y de ciudades.
Por lo tanto, es más necesario que nunca romper las barreras, temores y perjuicios que impiden la participación. Esto únicamente se hará trabajando de manera coordinada con otros sectores como el educativo, el sanitario, los servicios sociales, el tejido asociativo y aunque parezca tabú con las instituciones deportivas. Nos hacen falta políticas comunicativas, de precios y de programación equitativas y todas ellas destinadas a favorecer la participación de todas aquellas personas que no se sienten llamadas a participar de la vida cultural. No es un trabajo fácil, pero de momento ya se ha dado el primer paso y quizás lo más importante: reconocer que hay un problema en los derechos de participación y debatir sobre qué soluciones se pueden aportar des de la política y la gestión cultural.
Jordi Dorca
Programador y responsable de comunicación del Museu del Cinema de Girona.
Miembro del consejo de redacción de la Revista de Girona.
